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Legitimidad y Gobernanza

La falta de gobernanza, legitimidad urbana y congruencia por parte de las autoridades (ya sean municipales, estatales o federales), impide la correcta administración, operación y aplicación de los planes de desarrollo urbano y reglamentos, propiciando una esfera de corrupción y falta de transparencia que únicamente será combatida a través de educar a las futuras generaciones y a sociedad.


Según el diccionario de la Real Academia Española (2001), legitimidad es un término utilizado en la Teoria del Derecho, en Ciencias Políticas y en Filosofía, que define la cualidad de Ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro mandato por parte de alguna autoridad competente. La legitimidad es una construcción social íntimamente vinculada a la concepción antropológica de cada sociedad concreta (Voegelin, 1968); pero para que la ciudadanía entienda la legitimidad del poder y otorgue su consentimiento, el poder mismo debe cumplir con los requisitos recogidos en su evolución histórica en forma de Estado Nacional, Estado de Derecho, Estado Democrático y por consiguiente, en un Estado de Bienestar (Habermas, 1987).


De igual forma, gobernanza es un concepto de reciente difusión para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado en diferentes asuntos que estan dentro de su capacidad y obligación atender (Diccionario de la Real Academia Española, 2001).


Durante los últimos 20 años el sector público (el Estado) y el privado han colaborado de manera conjunta en la elaboración de políticas públicas, políticas de desarrollo, y estrategias, y existen muchas razones para que exista este tipo de colaboraciones, pero habría que subrayar (y quiza considerar como la prinicpal razón) que la inclusión del sector privado en la toma de decisiones conlleva teoricamente a la creación de compañias y/o instituciones que propongan más y mejores maneras de invertir los recursos económicos y de capital humano en la formulación de dichas políticas y estrategias de desarrollo, avaladas por la experiencia especializada y comprobada de la inicitiva privada. Sobra decir que la planeación, planificación y la misma construcción urbana son secotres en donde ésta colaboración público-privada se ha aplicado con mayor "exito". Pero entonces ¿por qué la realidad nos muestra lo contrario?


Es aqui en donde interviene la legitimación y la gobernanza, o la falta de ellas. Porque si el argumento inicial es cierto y justifica la inversion de capitales en diferentes áreas y sectores que detonarán el desarrollo, lo que sigue es cuestionar las estrategias y políticas mismas, cuestionar a quienes las formulan y sobre todo a quienes las evalúan, aprueban y aplican.


Para regular esto y evitar corrupción en la toma de decisiones se han hecho esfuerzos para generar comites evaluadores que funcionen como un tercer participante en la toma final de decisiones y no dejar todo a la coyuntura Público-Privado, los llamados foros de "Participación Ciudadana". Teoricamente, la ciudadanía en general tiene facultades para votar a favor o en contra de ciertas políticas, estrategias o proyectos que se pretendan poner en marcha, e incluso tiene la capacidad de elaborar y presentar propuestas ante las autoridades. ¿Lo malo? Muchas veces estas "consultas ciudadanas" no tienen participacion de la ciudadanía dejando la ultima decision a las autoridades o a los actores involucrados o se hacen por invitacion o a puerta cerrada (contradiciendo el origen mismo de estas consultas).


Un acercamiento a regular y evaluar los procesos de gestión lo realizó Skelcher (1998) influenciado por el trabajo de Hall y Weir (1996), proponiendo un método de análisis a nivel local. Este método estaba sustentado en la formulación de siete preguntas fundamentales que ayudan a detectar conflictos de intereses entre los actores involucrados o los votantes:


  1. ¿Los actores en las esferas administrativas o de gobierno son elegidos de manera interna?

  2. ¿Es la organización en cuestión parte y/o propiedad de uno de los actores políticos?

  3. ¿Esta garantizado el acceso a la población en las juntas de toma de decisiones?

  4. ¿Existe el acceso público a la información?

  5. ¿Pueden los miembros del órgano administrativo o de gobierno hacerse responsables en caso del surgimiento de algún problema?

  6. ¿Los miembros de los órganos de gobierno tienen que responder a algún grupo o afiliación que pueda causar algún conflicto de intereses?

  7. ¿Existe una persona o dependencia que controle la integridad y la regulación financiera de la propuesta?


Como parte de su método, Skelcher (1998), señala la importancia de la implementación de auditorias públicas entablando un puente entre las redes de gobernanza y la población, ya que los resultados de estas auditorías deben estar disponibles a los aparatos que brinden acceso a la información y transparencia. Sorensen y Torfing (2005) mencionan que si bien la participación ciudadana es un aspecto fundamental en el quehacer productivo del fenomeno urbano, el nivel educativo de la población juega un papel importante, pues existe un vínculo entre la misma educación, la ética y el civismo. Este factor puede ser determinante en el número de propuestas presentadas, los planes y proyectos aprobados, pero sobre todo en la CALIDAD del contenido.


Es ahí en donde debe entrar la participación de la ciudadania en la toma de decisiones, pues es ella a la que a fin de cuentas va a afectar o beneficiar de manera directa cualquier tipo de propuesta o proyecto de desarrollo urbano, ya sea local, estatal o regional. Además, otro actor que es importante involucrar y valorar en este proceso de formulación y evaluacion de propuestas es la Academia, pues es ella la que gesta y agrupa expertos y especialistas en diferentes disciplinas.


La educación al final de cuentas, es la que va a lograr que se puedan alcanzar cosas positivas en materia de gestión, de operación y de propuestas. Esta en manos de la ciudadanía exigir el respeto debido a su forma de vivir y a sus expectativas.


BIBLIOGRAFÍA


Teoría de la acción comunicativa. HABERMAS, Jurgen, Editorial Taurus, Madrid, 1987.

The appointed state, quasi-governmmental organizations and democracy. SKELCHER, Chris, Open University Press, Buckingham, 1998.

The democratic anchorage of governance networks. SORENSEN, E. y TORFING, J., Revista Estudios Políticos Escandinavos, Vol. 28, 2005.


Arq. Manuel Ferro

Gobernanza urbana

Artículo

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